Suele decir un antiguo refrán que “el que espera desespera”, pero también sufre, se indigna, se enferma, se enoja, se harta, vocifera frecuentemente contra empleados, funcionarios y gobernantes, cuando la espera se prolonga durante varias horas en instituciones públicas y privadas. Las colas se integran al paisaje urbano, en particular, el tucumano. Se han convertido paradójicamente en un modo de castigar al ciudadano y en especial, a los jubilados que pierden mensualmente varias de horas de vida. Lejos de hacerles más grata su existencia, se inventan trámites penosos, como el certificado de supervivencia.

En algunos centros de pago, como el de Congreso al 200, son policías los que atienden al público y cuando se logra ingresar, se debe permanecer durante varias horas en un lugar con escasa ventilación y en consecuencia, con el aire viciado hasta que llega el turno. En otros bancos, la espera no es menor, pero también sucede en las reparticiones del Estado como Rentas, el Registro Civil, la Anses, Archivo General de la Provincia, la Policía (certificado de buena conducta) o el Subsidio de Salud. Como si la incomodidad y el malestar fueran pocos, muchos de estos lugares no tienen baños públicos y lo curioso es que tampoco se los obliga a tenerlos.

Pese a los reclamos constantes de la gente, a notas y editoriales de nuestro diario sobre esta tortura ciudadana a lo largo de los últimos años, el Estado no se ocupó del tema. Hace pocos días, el defensor del Pueblo se hizo eco de este padecimiento social y lanzó una iniciativa a la que llamó “Trato digno”. Anunció que enviará una carta compromiso a todos los organismos públicos o privados que tengan atención al público invitándolos a adherirse a una campaña cuyo objeto es minimizar los tiempos de espera en fila y “mejorar la relación entre las organizaciones y el ciudadano”.

El ombudsman solicitó a la Dirección de Comercio Interior que efectúe los controles necesarios para disminuir los tiempos de espera en fila. Propuso también que se elabore un proyecto legislativo para que se puedan sancionar acciones que configurarían una “práctica abusiva” y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores en locales de acceso al público.

El artículo 8° bis de la Ley Nacional N° 24.240, modificada por la 26.361 (Ley de Defensa del Consumidor), prescribe que los proveedores “deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias…”

El ciudadano es el alma mater de una sociedad. Se supone que toda actividad debería girar en torno de él y de su bienestar. Las instituciones y las empresas que brindan servicios deberían pensar permanentemente en mejorar la atención del público porque viven de este. Mayor responsabilidad tienen aún en la búsqueda del bien común los representantes del pueblo, que no se han ocupado del asunto, tal vez porque nunca han tenido que hacer cola en la madrugada ni perder toda la mañana para la realización de un trámite.

Nos parece positivo que el ombudsman se haya involucrado en este asunto y es de desear que tenga el acompañamiento legislativo y de la Dirección de Comercio requerido. Se deben buscar soluciones para dejar de castigar diariamente al ciudadano para que no espere ni desespere ni se queje.